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Boletín de noticias 5 de marzo de 2012
EL TIEMPO
GOBIERNO RETOMARÁ EL DEBATE DE REFORMA DE LA JUSTICIA EL 8 DE MARZO
Manizales será el escenario para reunir a los ponentes del principal proyecto de la legislatura.
De acuerdo con Pablo Felipe Robledo, viceministro de Justicia, "la idea es trabajar el 8 y el 9 de marzo en los distintos temas de la reforma para mirar cuáles son los aspectos más controversiales y qué decisiones se van a tomar en cuanto al articulado, de cara al quinto debate del proyecto de enmienda constitucional".
La reforma de la justicia entra a su quinto de ocho debates reglamentarios. Primero irá a Senado y, si avanza, rematará su trámite en la Cámara de Representantes, lo cual debe ocurrir antes de que termine la legislatura que comienza, según la Constitución, el próximo 16 de marzo.
Durante la primera vuelta, que se cumplió el segundo semestre del año pasado, varios temas centraron la atención de la opinión pública. Entre ellos estuvieron el juzgamiento de aforados, la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y las facultades nominadoras y designadoras de las altas cortes.
Este último punto, principalmente, produjo que el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia anunciaran que se retiraran del debate del proyecto de reforma constitucional.
No obstante a este anuncio de los dos altos tribunales, Robledo dijo que "las cortes han estado vinculadas a la discusión porque han asistido a muchos foros en los que han coincidido con el Gobierno y con el Congreso y adicionalmente han invitado a reuniones de trabajo a muchos congresistas ponentes del proyecto".
A la reunión de Manizales están invitados, entre otros, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra; los presidentes de Senado, Juan Manuel Corzo, y de Cámara, Simón Gaviria; los ponentes de ambas cámaras y las mesas directivas de las comisiones primeras de Senado y Cámara.
LA TRAGICOMEDIA JUDICIAL
Por: MAURICIO VARGAS
Dicen que en la Corte Suprema hay nuevas y más sensatas mayorías. Ojalá que no se enreden con la elección del Fiscal y rompan con el pasado de sesgos políticos y roscas que tanto daño han hecho al alto tribunal, a la Justicia y al país.
Para elegir Fiscal, la Corte Suprema debe enderezar el rumbo que los sesgos y las roscas torcieron.
La explicación del magistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla resultó muy interesante. Aseguró el miércoles, al día siguiente del anuncio del Consejo de Estado del fallo que anuló la elección de la fiscal Viviane Morales por parte de la Corte, que él y sus colegas cambiaron el reglamento del alto tribunal para reducir la mayoría de votos exigida y así poder elegir Fiscal en diciembre del 2010. Se trataba, dijo Arrubla, de acabar con la interinidad en la Fiscalía, que llevaba año y medio. Una interinidad que se prolongó -eso no lo mencionó Arrubla- por cuenta de las peleas internas en la Corte y el odio de algunos magistrados hacia cualquier cosa que oliera a Álvaro Uribe, expresado en un rechazo furioso a la terna que el entonces Presidente confeccionó y hasta modificó para tratar de superar el enredo.
De modo que Arrubla confesó que el alto tribunal no actuó en derecho, sino para resolver un impasse político. Le dio así la razón al Consejo de Estado, cuyos integrantes consideraron el martes que ese cambio en el reglamento de la Suprema había viciado de nulidad la elección de la Fiscal. Yo no sé cuáles hayan sido las verdaderas motivaciones de los consejeros de Estado para tumbar a Viviane Morales, y si es verdad que se aliaron distintos intereses para sacarla. Rumores hay, pero el argumento en que se basó una amplia mayoría de consejeros fue el cambio en el reglamento de votación.
Falta ver qué dice el fallo: su contenido estaba en proceso de redacción a la hora de escribir esta columna, en un proceder que se repite en todas las altas cortes, que comunican sus decisiones cuando todavía no tienen en sus manos una providencia en forma. Es una escena más de la tragicomedia que protagonizan los más altos tribunales de Colombia, y a la que se suman sus cambios de interpretación de un fallo a otro, sus disputas internas, sus roscas y, cómo no, los 'carruseles' de pensiones entre algunos magistrados. Un espectáculo que de seguro entristece a decenas de miles de fiscales y de jueces que se juegan su vida por todo el territorio colombiano, tratando de aplicar justicia lejos de las vanidades y sesgos políticos de algunos altos magistrados.
La realidad es que por cuenta de ese vicio reglamentario, la Suprema resolvió una interinidad solo para dejar la semilla de otra. En efecto, la anterior interinidad tras el final del período de Mario Iguarán duró año y medio. La fiscal Morales, que en un acto de dignidad ante semejante espectáculo renunció de modo irrevocable el viernes -flanqueada por su criticado marido, Carlos Alonso Lucio-, apenas estuvo trece meses en el cargo, menos que su antecesor interino, Guillermo Mendoza. Y según lo que diga el fallo, es posible que el nuevo Fiscal en propiedad solo esté año y medio, para completar el período de cuatro años de Morales, que ya habría comenzado a surtirse desde la salida de Iguarán, según una tesis que ventilaron los consejeros de Estado en su sesión del martes. Con esa inestabilidad, ¿cómo puede haber política criminal?
La tragicomedia aún no concluye. Falta ver cuánto dura el fiscal interino, Wilson Martínez, reconocido como un hombre de excelente formación académica con la que tendrá que suplir su falta de experiencia. Porque a esta procesión le hacen falta pasos, como conocer el fallo, que la renuncia de la Fiscal la acepte la Corte, que el presidente Juan Manuel Santos integre una nueva terna (ojalá buena) y que la Suprema consiga un acuerdo para elegir nuevo Fiscal con al menos 16 votos del total de 23 magistrados.
Dicen que en la Corte Suprema hay nuevas y más sensatas mayorías. Ojalá que no se enreden con la elección del Fiscal y rompan con el pasado de sesgos políticos y roscas que tanto daño han hecho al alto tribunal, a la Justicia y al país.
EL ESPECTADOR
UN IMPUESTO POR LAS VÍCTIMAS
Por: Laura Ardila Arrieta
Para implementar la Ley de Víctimas, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, presentará al Concejo una propuesta con la que se recaudarían $800 mil millones para unos 400 mil afectados. Estratos más altos harán el mayor aporte.
Ana Teresa Bernal, alta consejera para las víctimas, asegura que en Bogotá hay 350 mil
Lo primero que pide Ana Teresa Bernal al hablar de su trabajo es que le tengan paciencia. No es para menos. La mujer de izquierda, líder defensora de los derechos humanos, tiene sobre sus hombros nada más y nada menos que la tarea de liderar la implementación de la Ley de Víctimas en Bogotá. Una empresa en la que el alcalde Gustavo Petro no está dispuesto a ahorrar ningún esfuerzo.
Desde hace dos semanas, Bernal es la alta consejera para las víctimas en la capital y secretaria técnica del Comité Distrital de Justicia Transicional, que se instaló la semana pasada. En su primera entrevista lanza una propuesta de un pacto ciudadano y político por las víctimas, pues se necesitan $800 mil millones para repararlas. Con el fin de conseguir esos recursos, Petro presentará al Concejo la iniciativa de un nuevo impuesto para los estratos más altos.
¿Qué encontraron en el empalme con respecto a las víctimas del conflicto?
Que la mayoría de la población víctima no logra integrarse a la sociedad y mucho menos retornar a sus tierras. En consecuencia, se agranda la franja de miseria en la ciudad. Ahora tenemos la Ley de Víctimas que, aunque no es perfecta, es más integral que lo que estaba antes.
¿Y cómo aplicar esta ley?
En Bogotá no había una institucionalidad que fuera capaz de responder por la atención, la reparación integral y la protección de las víctimas. Por eso se crea la alta consejería. Incluso el alcalde tiene la idea de una secretaría. La idea es cambiar el modelo para superar la concepción miserabilista.
¿De qué manera?
Lo primero es que ya no vamos a tener la separación entre la población desplazada y las otras víctimas, sino que todos son víctimas y merecen la restitución de sus derechos. Lo segundo es que los centros de atención no pueden seguir siendo casas viejas, marginales, o bodegas adaptadas. Vamos a hacer siete grandes centros, llamados Dignificar, que van a integrar a esta población a la ciudadanía. El alcalde también habla de un gran contingente de abogados que defienda a las víctimas, porque la Defensoría no da abasto. Ya empezaron las convocatorias. Pero el alcalde va mucho más allá.
¿Cómo así?
Para conseguir los recursos para la reparación de las víctimas queremos proponer un pacto consensual entre todos los partidos políticos. El alcalde ha planteado que se logre un impuesto para que toda la sociedad se sienta parte de este compromiso.
¿De cuántos recursos estaríamos hablando?
Se pretende una modernización tributaria. Serían necesarios unos $800 mil millones. Aunque estamos mirando que el programa en general, dependiendo de los subsidios de la Nación y de cómo se genere el negocio con las constructoras para la vivienda de interés social, sería de $1,6 billones.
¿Sólo pagarían el impuesto los estratos altos?
Obviamente, la gente que tiene mayores ingresos paga más que la gente que tiene menos. Lo que vamos a hacer de modernización tributaria son impuestos progresivos. A la gente se le aumentan los impuestos de acuerdo a su capacidad de pago. Al final termina siendo una contribución de las capas más altas de la ciudad.
¿Cuándo se presentaría esta propuesta al Concejo?
Este mes. O en mes y medio. El mensaje al Concejo va a ser que necesitamos la solidaridad de la sociedad bogotana a través de impuestos a los más pudientes.
¿De cuánto es la población de víctimas que hay en Bogotá?
Tenemos más o menos 350 mil personas desplazadas y en otras situaciones de victimización, 50 mil ciudadanos que no se han contabilizado, además de las 60 familias que llegan desplazadas semanalmente.
Aparte de los desplazados, ¿qué tipo de víctimas llega a la ciudad?
De minas, mujeres amenazadas que han sufrido violencia sexual, familias de secuestrados, desaparición forzada; en este delito son unas dos mil personas.
¿Cuáles son las principales amenazas para los derechos humanos en la ciudad?
Hay desplazamiento interurbano, hay reclutamiento de jóvenes en algunas localidades como Bosa y Ciudad Bolívar. También, amenazas a reclamantes de tierras y a grupos de la sociedad civil que acompañan a las víctimas. Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires, Suba y Rafael Uribe Uribe son las localidades más vulnerables.
¿Hay bacrim en Bogotá?
A mí me amenazaron las Águilas Negras, el bloque Urabá. Fluyen muchos tipos de amenazas, pero lo cierto es que no se ha identificado de dónde vienen.
En el tema de la restitución de tierras, sabemos que piensa ir hasta las regiones para ver los terrenos que perdieron las víctimas...
La idea es acompañar a las víctimas de principio a fin. El tema de los abogados tiene que ver con eso, pero ahí también tiene que estar el gobierno nacional. Otro tema clave es el tema de los embera. Tenemos en Bogotá casi mil personas pertenecientes a esta población, que han sufrido muchísimo. Ya constituimos una mesa con la Nación para lograr una solución pronta.
SANDRA MORELLI: 'NO ME INTERESA QUE ME QUIERAN'
Por: Diana Carolina Cantillo E.
La contralora general de la República asegura que existe un cartel de abogados, jueces y funcionarios públicos que buscan robarse los dineros de los más pobres.
La contralora general de la República es hija de inmigrantes italianos y amante del café.
¿Cuál es el departamento de Colombia que tiene más problemas?
Chocó, porque todos lo tenemos muy olvidado, incluyendo la Contraloría. Tengo el plan de priorizarlo y asumir un control real de esos recursos.
¿Y el que menos?
Me cuesta trabajo mencionar un lugar del país donde uno pueda estar tranquilo.
¿El suyo es un cargo de “alto riesgo”?
Considero que ocupo un cargo de suma cautela, pero por evitar los riesgos personales no puedo dejar de aplicar la ley.
¿Se siente una “dama de hierro”?
Para nada. Lo que pasa es que tengo un carácter fuerte y soy muy rígida.
Dicen que usted es muy brava...
Me he vuelto furiosa en la Contraloría. Yo no era así, pero es que digo blanco y hacen negro, entonces me da una rabia terrible.
¿Hay sectores que pretenden desacreditar su gestión?
Como no le he robado a nadie, entonces ponen en la mira mi gestión. Mis delitos tienen que ver con que cambio de sede, con que la Contraloría se apoya en investigadores universitarios, porque tenemos demanda de trabajo, y a muchos les parece un despropósito. Permanentemente recibo dardos, pero sé que no podemos sacrificar el futuro de la institución y el control fiscal por tres o cuatro resentidos que nadan en contra del bienestar público.
¿Ya limó las asperezas con el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry?
Somos íntimos.
¿Por qué darle un nuevo símbolo a la Contraloría?
Hay un cambio en el control fiscal. La Contraloría tiene unas herramientas que le permiten ejercer un control más oportuno y eficiente; se implementó el proceso verbal que nos permite hacer enlaces idóneos para cumplir nuestra responsabilidad. Dejamos de ser invisibles para ser transparentes.
¿Por estos días cuáles casos no la dejan conciliar el sueño?
Siempre duermo tranquila. Lo puedo hacer en la medida en que lo que hagamos sea eficiente y en respeto del debido proceso.
¿Cómo recibe la decisión de la anulación de la elección de la fiscal general?
Esa es una decisión que se ajusta plenamente al derecho y a cualquiera le puede pasar.
¿El caso del embargo al Fondo del Magisterio, que son recursos inembargables, también sucede en otras entidades y municipios del país?
Es increíble lo que está pasando en Córdoba. Nosotros mandamos una función de advertencia para tratar de que no se pierdan más de $200.000 millones. Realmente hay un cartel en el que participan abogados, funcionarios de la administración y jueces que hacen este tipo de embargos fraudulentos.
¿Cómo va la ejecución de los recursos para contrarrestar las olas invernales?
Se han ejecutado, aunque algunos recursos se perdieron y otros no se han ejecutado por ineficiencia e incapacidad del Estado. Ha sido un proceso de aprendizaje.
¿La ola invernal fue otra oportunidad para que la corrupción hiciera de las suyas?
Pero no los dejamos hacer mucho.
¿Cómo define al presidente Juan Manuel Santos?
Un hombre visceralmente comprometido con el servicio público, progresista y transparente.
Álvaro Uribe Vélez...
Su mayor característica es la tenacidad.
Viviane Morales.
Una muy buena funcionaria, muy valerosa y con unos desafíos muy grandes.
Alejandro Ordóñez.
Gran jurista, gran ser humano y un paradigma de procurador.
¿Qué tanto sabe de café?
Desde el cultivo hasta la recolección y las catas de café, como también las cualidades y sus efectos benéficos para la salud.
¿A quién invitaría a tomarse un tinto en la Contraloría?
Al presidente de la República, para que vea cómo es de fea nuestra sede.
Algunos le reclaman que se vaya a trasladar a un edificio nuevo cuando otros no tienen sedes propias...
Si ellos siguen en las mismas condiciones es porque no tienen un jefe que tenga liderazgo ni compromiso con la institucionalidad. En Bogotá se ha envejecido la infraestructura del Estado. Toca buscar opciones y lo que encontramos es lo más adecuado para una institución tan importante como la Contraloría.
GOBIERNO ALISTA 'RETIRO ESPIRITUAL' PARA CONCERTAR REFORMA A LA JUSTICIA
El ministerio de Justicia busca reunir a los ponentes para afinar los detalles del proyecto.
El Gobierno Nacional está preparando una especie de ‘retiro espiritual’ para finiquitar los detalles del proyecto de reforma a la justicia que inicia su segunda vuelta de aprobación en el Congreso a mediados de marzo.
El ministerio de Justicia está preparando una convocatoria a los ponentes de Senado y Cámara de Representantes para el retiro entre el 8 y 10 de marzo.
Así lo dio a conocer uno de los ponentes, el representante Guillermo Rivera Flórez, quien dijo que “ese encuentro nos dará tiempo para meditar y dialogar mucho sobre el texto y llegar con una propuesta más elaborada para que la considere el Congreso”.
Frente a la salida de Viviane Morales Hoyos de la Fiscalía y la posible influencia de ese hecho en la reforma, Rivera descartó que la decisión del Consejo del Estado pueda terminar dando algún nuevo direccionamiento a la reforma constitucional.
“Estamos pensando en una reforma y ella debe obedecer a un razonamiento estructural y no coyuntural (…) no se puede ejercer la labor de constituyente pensando en la coyuntura”, sostuvo.
Finalmente, el congresista destacó que aunque la discusión formal no ha empezado, los magistrados de las Altas Cortes han asistido a los foros que se han adelantado a nivel académico y pueda ser que regresen a los debates al Capitilio Nacional.
Las discrepancias persisten entre Gobierno y Cortes
Precisamente en un foro público organizado por la Universidad Libre sobre la reforma a la justicia esta semana, se acentuaron más las diferencias entre el Gobierno y las Cortes sobre el proyecto.
En desarrollo del debate hubo un duro choque entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el viceministro Pablo Felipe Robledo -a nombre del Ejecutivo-, y el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, y el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez -a nombre de la justicia.
Por eso, de momento se desconoce qué pueda salir del encuentro de la próxima semana entre todos los ponentes pues la queja de las Cortes es que sus sugerencias no han sido escuchadas.
CORTE SUPREMA DEFINIRÁ SI ACEPTA O NO LA RENUNCIA DE VIVIANE MORALES
El lunes realizarán una sesión extraordinaria con el fin de estudiar la carta presentada el pasado viernes.
A primera hora de este lunes, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia entrará a estudiar en sala extraordinaria la carta presentada por Viviane Morales Hoyos en la que renuncia irrevocablemente a su cargo como fiscal General, después de conocer la decisión del Consejo de Estado en el que se anulaba su elección.
Según el presidente de la Corte Suprema, Javier Zapata este lunes los presidentes de las salas Civil, Penal y Laboral decidirán si aceptan o no la renuncia presentada por Morales Hoyos en la tarde del pasado viernes.
El magistrado Zapata explicó que esta renuncia no es impedimento para que el nombre de Viviane Morales sea incluido en la nueva terna para el cargo, y sostuvo que esa decisión está en manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Para el presidente del alto tribunal "son actuaciones administrativas distintas. Lo uno no perturba o no afecta lo otro, así que de titularse una nueva terna, la Constitución Nacional le da esa facultad al señor Presidente de la República de estudiar las hojas de vida de todos los que aspiren a dicha dignidad y solamente está en su soberanía".
LA MALIGNA INTEGRACIÓN VERTICAL
Por: Roberto Esguerra Gutiérrez
En medicina, maligno es aquello que crece de manera agresiva, sin respetar límites y sin control posible, que invade tejidos, órganos y sistemas, para finalmente acabar con el organismo causándole la muerte.
“Integración vertical” es un término del mundo de los negocios que se emplea cuando en manos de un mismo dueño se integran los elementos de una cadena productiva con el fin de maximizar los resultados financieros y mejorar el desempeño general del negocio.
En nuestro sistema de salud se ha llamado integración vertical a la situación en la cual las EPS controlan las clínicas y hospitales donde atienden sus pacientes, bien porque son sus propietarios directos o mimetizados a través de empresas del mismo grupo o bien porque las alquilan total o parcialmente. También hace parte del mismo cuadro la invasión de otras áreas, como cadenas de abastecimiento de medicamentos y suministros médicos, lavanderías de ropa hospitalaria, compañías de alimentos y de cuanta actividad tenga que ver con la prestación de servicios de salud.
Jamás se podrá aducir que esta integración se produjo para servir mejor a los ciudadanos o para mejorar la calidad de los servicios y los resultados en salud, porque todas las cifras de los 18 años de funcionamiento de este sistema no permiten sustentar esa hipótesis. La integración vertical ha sido motivada únicamente por el deseo de maximizar los resultados económicos y por lo tanto constituye la mejor demostración de que el ánimo de lucro mueve la despiadada comercialización de la salud, que ha desvirtuado la razón de ser del sistema.
Sus efectos han sido demoledores a lo largo y ancho del país, pero son especialmente dramáticos en ciudades intermedias en donde ha acabado con esfuerzos de muchos años de organizaciones de profesionales o clínicas privadas que servían a la población. Teóricamente, nuestro sistema se basaba en la especialización de funciones de los diferentes actores, sin embargo, para tratar de salvar al ISS se permitió la integración vertical, que además de ir contra la libertad de elección consagrada en la ley, pues los pacientes son manipulados para direccionarlos a las redes propias, atenta contra la transparencia del sistema, ya que creó unos verdaderos huecos negros en donde es imposible hacer el debido seguimiento a los dineros.
Por la presión de pacientes, médicos, hospitales, clínicas y organizaciones sociales, en la Ley 1122 de 2007 se intentó controlar la enfermedad limitando a un 30% del gasto total en salud lo que las EPS pueden contratar con su propia red. El remedio ha resultado peor que la misma enfermedad ya que para esa época no todas las EPS estaban integradas; hoy, por el contrario, exceptuando una o dos, todas lo están, las que estaban por debajo del porcentaje corrieron a crecerlo y las que lo sobrepasaban siguen tan campantes. Por eso ya casi nadie duda de que la integración vertical es uno de los grandes culpables del estado del sistema de salud, pues atropella los derechos de los ciudadanos y atenta contra la transparencia.
A finales del 2010, durante la discusión de la Ley 1438, Simón Gaviria incluyó un artículo que prohibía la integración vertical, que a pesar de la oposición del ministro de Protección Social, Mauricio Santa María, y del intenso cabildeo de las EPS, obtuvo las mayorías parlamentarias, pero finalmente fue eliminado en la conciliación. Colombia perdió entonces la oportunidad de erradicar este cáncer, pero ya no se puede demorar más la prohibición total y definitiva, si en verdad se quiere que el sistema sirva a los intereses de la población y no sólo a los de unos negocios.
EL NUEVO SIGLO
LOS CUATRO PILARES DE LA ELECCIÓN DEL FISCAL
1. EL POLÍTICO: Santos debe blindarse
Es claro que el presidente Santos tiene un gran reto con el nuevo proceso de elección del Fiscal General. En primer lugar, debe evitar a toda costa cualquier contagio del clima de politización que desde algunos sectores, en especial del uribismo, ya se empieza a tratar de presionar.
En ese orden de ideas, el Jefe de Estado debe partir de la base de que la terna que presente a la Corte Suprema de Justicia no tenga una ‘marca’ política en particular. Es decir, que el peor mensaje que se le puede dar al país es el riesgo de que los tres postulados puedan ser tachados de “santistas” o “uribistas”. Tampoco puede dar pie a que se piense que la postulación va dirigida a reparar las deterioradas relaciones con el ex mandatario o a terminar de marcar diferencias con el mismo. Por el contrario, debe candidatizar juristas del más alto nivel y trayectoria, que garanticen la autonomía e independencia del ente acusador. Y, de paso, para evitar lo que pasó con el tardío conocimiento de la relación matrimonial de Morales, es obligación primaria del Jefe de Estado garantizar que los candidatos no tengan ninguna tacha en lo personal o familiar.
La época de los “fiscales de bolsillo” ya que quedó atrás y más aún cuando la elección final queda en manos de una Corte que dio pruebas fehacientes de que no escogerá a alguien que tenga un sesgo político marcado o que no sea prenda de garantía para dirigir una entidad que tiene a su cargo la investigación de procesos insignia de corrupción política y desfalcos al erario público.
La segunda prioridad de Santos debe ser la rapidez con que debe actuar para confeccionar la baraja de aspirantes y su respectiva remisión al alto tribunal. Cada día en que la Fiscalía permanezca en la interinidad no sólo atenta contra el proceso de recuperación de la institucionalidad de la misma, sino que da margen de acción a quienes quieren politizar el proceso de elección del titular o desprestigiar la acción de la justicia.
Además, si por la ausencia de Fiscal General en propiedad o el impacto que ello tiene en procesos por casos insignia de corrupción (en especial los ‘heredados’ del uribismo) se produjeran excarcelaciones, vencimientos de términos o, peor aún, prescribiera alguna acción penal contra algún ex alto funcionario, gran parte del agua sucia le caería a la Casa de Nariño.
2. EN LO JURÍDICO: Corte y el reto de acertar
Es claro que todos los ojos del país en las próximas semanas estarán fijos sobre el alto tribunal, no sólo porque, acorde con el fallo del Consejo de Estado, fue un error de interpretación el que configuró la nulidad de la escogencia de Morales, sino porque difícilmente admitiría la opinión pública que el nuevo proceso para seleccionar al jefe o jefa del ente acusador se dilate o llegue al extremo de los 16 meses que tardó el anterior.
En ese orden de ideas, la primera obligación de la Corte es la celeridad en la evaluación de los perfiles y trayectorias de los postulados, la citación ágil de las respectivas audiencias públicas para que éstos expongan sus respectivos planes y la mayor transparencia y dinámica posibles en las sesiones de votación.
El debate en torno a que si el nuevo titular debe ser un penalista o puede ser especializado en otra rama del derecho ya quedó superado con la misma elección de Morales.
Por igual, tiene el alto tribunal que evitar contagiarse del clima de politización que ya se está gestando alrededor de la escogencia del nuevo Fiscal. Ya no son los tiempos de la polarización férrea con el uribismo, como tampoco de mostrar un perfil que éste pueda llegar a tachar de antiuribismo. Es hora de mirar hacia delante y no recabar en lo pasado, por más grave que haya sido.
Es claro que la Corte actual es muy distinta a la de finales de 2010, no sólo porque ya están completas las 23 plazas de magistrados, sino porque 10 de éstos es la primera vez que participarán en la elección de un Fiscal General. Hoy el alto tribunal tiene un perfil más jurídico y poco a poco se han difuminado las polémicas de antaño en torno a grupos de magistrados de línea dura o suave, de inclinación uribista o anti-uribista.
Tal como se advirtió en el caso del presidente Santos, si por culpa de la interinidad en la jefatura del ente acusador asomara el riesgo de impunidad, prescripción, vencimiento de términos o excarcelaciones de sindicados por escándalos de corrupción de dstinta índole, es claro que el agua sucia caería principalmente sobre el alto tribunal.
La Corte, entonces, tiene la obligación no sólo de acertar en la elección del sucesor de Morales, sino de hacerlo de manera rápida y transparente, sin dar lugar a polémicas sobre divisiones y bandos internos.
3. EL LEGISLATIVO: Reforma como espada de Damocles
El proceso de elección del Fiscal General exhibe esta vez en el Congreso un protagonista principal, que si bien no tiene injerencia directa ni indirecta en la postulación de candidatos como tampoco en la escogencia final, sí jugará desde afuera de la mesa.
Como se sabe, en el proyecto de reforma a la justicia que cursa en el Parlamento, uno de los artículos más polémicos es el que propone que se le quiten las facultades electorales y nominadoras a las altas Cortes, de forma tal que no puedan, en adelante, proponer candidatos, confeccionar ternas o hacer la elección final de jefes de entes de control. De esa manera, las cortes Suprema de Justicia y Constitucional, así como los consejos de Estado y Superior de la Judicatura perderían la facultad de intervenir en la escogencia de Fiscal, Contralor y Procurador generales, funciones que pasarían a manos del Presidente y el Congreso.
La reforma judicial va a mitad de camino en Senado y Cámara, pues apenas ha superado cuatro de los ocho debates necesarios. Se calcula que en junio podría ser aprobada y sólo entraría a regir en el segundo semestre. Por lo mismo es claro que aún si el Gobierno o la Corte se demoraran en la postulación de la terna o en la votación de la misma, difícilmente esas nuevas reglas del juego, en caso de ser aprobadas finalmente, entrarían a operar en la selección del sucesor de Morales.
Sin embargo, cada día de interinidad en la Fiscalía lo único que conseguirá es darle piso a quienes en el Congreso insisten en que a las altas Cortes hay que quitarles las facultades nominadoras y electoras, bajo la tesis de que éstas politizan el accionar de los máximos tribunales y los distraen de sus tareas principales: administrar justicia.
Por igual, mientras permanezca en interinidad la Fiscalía, a los presidentes de las altas Cortes les quedará muy difícil ir a defender en comisiones y plenarias de Senado y Cámara que no les quiten las funciones de postulación y elección. No hay que olvidar aquí que fue el mismo proyecto del Gobierno el que traía originalmente ese polémico artículo y en ambas cámaras legislativas, por más oposición de los magistrados y su retiro de las discusiones, ya logró ser aprobado en cuatro debates, sin importar, incluso, que se diga en varios sectores que detrás de este cambio hay un tufillo de revanchismo del Congreso contra los máximos tribunales por decisiones como la caída del referendo reeleccionista o el proceso de la parapolítica, que se ha llevado por delante casi 60 parlamentarios.
4. EN LO INSTITUCIONAL: el peso de las reglas del juego
La celeridad o no de la escogencia del Fiscal General tiene en las reglas del juego, no del mecanismo en sí, puesto que ya está fijado que el Presidente postula y la Corte elige, sino del periodo de quien entre a dirigir el ente acusador, una cuestión muy relevante. Es claro que con el quórum de 23 magistrados, el alto tribunal tiene el margen de acción para lograr sin ningún problema que el elegido lo sea con, por lo menos, 16 votos. No habrá, entonces, necesidad de modificar el reglamento interno de la Corte, que fue, en últimas, la base que utilizó el fallo del Consejo de Estado para declarar nula la elección de Morales. Igual, Santos ya dio muestras claras de que no teme cambiar una terna si se entiende que de la misma no saldrá un elegido.
El problema de las reglas del juego se refiere, entonces, a cuál será el periodo que tendrá que cumplir el nuevo Fiscal General. Como se sabe, en el anuncio del fallo del Consejo de Estado ese asunto no quedó claro y pululan las interpretaciones jurídicas al respecto. Hay quienes sostienen que el sucesor de Morales deberá estar en el cargo sólo hasta julio de 2013, que es cuando se completan los cuatro años después de la salida de Mario Iguarán de la Fiscalía. Su tesis se basa en que el periodo debe ser institucional y, por lo tanto, el elegido por la Corte tendrá que completar lo que falta del lapso cuatrienal que tienen los titulares de la entidad.
Pero otros juristas consideran que el nuevo titular del ente acusador no es un reemplazo, ni de Guillermo Mendoza (que estuvo como fiscal encargado entre julio de 2009 y diciembre de 2010), como tampoco de Morales (que ejerció como titular de enero 2010 a febrero 2011), sino que es un nuevo Fiscal y, por lo tanto, su periodo es cuatrienal, es decir que debería estar en el cargo hasta comienzos de 2016. Incluso los defensores de esta hipótesis sostienen que el hecho de que Morales haya renunciado y se inicie todo el proceso de elección formal, le da más argumento a que estamos en un borrón y cuenta nueva. Agregan que la jurisprudencia que se está citando sobre periodos personales y periodos institucionales es una norma que se aplica a quienes ocupan cargos de elección popular y no a otros altos funcionarios.
Es claro que la confección de la terna será muy distinta si el Fiscal es apenas para año y medio, que si lo es para cuatro años. Eso sería ingenuo negarlo.
EL NUEVO SIGLO
URGEN APROBACIÓN DE LEY SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Una ley de Acceso a la Información Pública en Colombia es “la ficha que falta en el rompecabezas de la legislación contra la corrupción”, manifestó este fin de semana Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional.
Labelle urgió al Congreso para que apruebe en la próxima legislatura esta iniciativa que ayudaría a “prevenir y detectar la corrupción”, ya que en la medida que lo público es transparente, los ciudadanos, periodistas y entes gubernamentales pueden ejercer mejor su derecho y deber al control.
Proyecto
Se trata del proyecto de ley número 156 de 2011 Senado, “por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, y se dictan otras disposiciones”, radicado el 1 de noviembre de 2011 por los senadores Carlos Emiro Barriga, del Partido Conservador; Manuel Enríquez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U); Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; y John Sudarsky, del Partido Verde; así como por los representantes Simón Gaviria, del Partido Liberal; Germán Navas, del Polo Democrático; y Alfonso Prada, del Partido Verde.
El proyecto está a la espera de se le de debate en la Comisión Primera del Senado.
La iniciativa, promovida en el Congreso por Transparencia por Colombia, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) y la Alianza Más Información, Más Derechos, busca promover el derecho fundamental de recibir respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública y el deber estatal de visibilizar y promover activamente esta información sin necesidad de solicitud previa, basado en la cultura de la transparencia.
El articulado regula el derecho de acceso a información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.
En virtud de los principios señalados en el proyecto, deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas, dicha información en la web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones.
Gobierno
En respuesta al llamado de Labelle, el secretario de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Carlos Fernando Galán, aseguró que el presidente Juan Manuel Santos manifestó que el proyecto de Ley Estatutaria de Acceso a la Información Pública “es una herramienta importante que hay que sacar adelante, y que hace parte del plan de acción de gobierno abierto que actualmente está en construcción” ya “que esta Ley permitiría un mayor acceso ciudadano al Estado”.
Aunque en Colombia existen mecanismos para ejercer y defender el derecho ciudadano de acceder a la información pública, como el Derecho de Petición (artículo 23 de la Constitución y artículo 17 del Código Contencioso administrativo), el recurso de insistencia (artículo 21 de la Ley 57 de 1985) y la Tutela, este derecho aún no ha recibido un tratamiento autónomo ni reconocimiento independiente en el nivel legislativo.
Dos caras
Como está consignado en la exposición de motivos, “la libertad informativa tiene dos caras: por un lado está el derecho de ofrecer información a través de la libertad de expresión y de opinión, y por otro lado, la prerrogativa de acceder a la información por solicitud al Estado o divulgación proactiva del mismo”.
“La primera cara es un derecho que ha recibido desarrollo legislativo y jurisprudencial, mientras que el derecho de acceso a la información, si bien tiene reconocimiento constitucional sólido desde 1991 en el artículo 74 de la Constitución Política y amplio desarrollo jurisprudencial, no ha recibido un tratamiento autónomo ni un reconocimiento independiente en el nivel legislativo”, de acuerdo con los autores del proyecto.
“No obstante”, agregaron, “es importante que en Colombia se avance en este sentido, pues, como veremos, se trata de un derecho fundamental que constituye una condición clave para la autodeterminación colectiva y la fortaleza del debate público, contribuye con el equilibrio y la ampliación del libre mercado de la información y con ello, realiza un aporte esencial a la representación y la participación democráticas”.
REVISTA SEMANA
"HOY, LA DOBLE INSTANCIA, SERÍA TRONCO EN LA RUEDA DEL PROCESO DE LA PARAPOLÍTICA"
Eso dice el magistrado Jaime Arrubla Paucar, con lo que queda claro que el gobierno aún no consigue que las altas cortes vuelvan a acompañar el proyecto. El presidente Santos tiene prevista una reunión con los partidos políticos para diseñar nuevas estrategias.
El ministro Juan Carlos Esguerra ya completa casi un mes en la búsqueda de consensos para la reforma a la justicia. No es su única misión, pero sí la que le supone uno de sus retos inmediatos en la cartera de Justicia.
Han sido cuatro semanas en las que ha viajado por todo el país a explicar las que, para él, son las bondades del proyecto que defiende. Y en Bogotá, aparte de su agenda de gobierno, es el primero en confirmar su asistencia y hacer presencia en los numerosos foros concertados por la academia, donde se sientan en la misma mesa todos los interesados en la reforma, y aquellos expertos que quieren aportar.
Por lo general, Esguerra es el primero en intervenir. Y siempre su discurso tiene un mismo hilo, el del tono conciliador: “Es apenas una propuesta. No es la última palabra. No es una reforma revanchista. Todo está sujeto a mejorar...”.
Pero ese tono conciliador, parece que aún no tiene eco en el poder judicial. Las altas cortes se levantaron del debate que adelantaba el Congreso (el semestre pasado), y aún mantienen su postura de mantenerse al margen. Han hecho seis críticas precisas. Pero quizás hay otras motivaciones.
Las alarmas
En uno de los referidos foros académicos, un magistrado (aunque está a punto de terminar su periodo) que para la opinión pública, y desde el gobierno Uribe, se ha convertido casi en el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, confesó muchas sensaciones que en el poder judicial genera la reforma.
Sucedió, la semana pasada, en el más reciente foro del Instituto de Ciencia Política y la Corporación Excelencia a la Justicia. Jaime Arrubla Paucar, ante un reducido y selecto escenario, de no más de 20 personas, controvirtió la reforma, desde un ángulo sorpresivo: la iniciativa, tal y como está, podría tumbar el proceso de la parapolítica.
Las palabras exactas de Arrubla fueron: “la reforma es el tronco en la rueda de la parapolítica”, y hacía referencia al artículo del proyecto que pretende establecer la doble instancia en el juzgamiento de los congresistas.
Y no es que la Corte Suprema se oponga a que los senadores ye representantes, como todos los ciudadanos del mundo, tengan su derecho a ser juzgados en dos instancias.
La molestia de los magistrados es que, según el texto de reforma, las dos instancias no están al interior de la Corte Suprema de Justicia.
Porque la fórmula propuesta por el gobierno es que el Tribunal Superior de Bogotá ejerza la primera instancia.
Una fórmula que, según Arrubla, pretende despojar a la Corte Suprema el conocimiento de los causas penales en contra de funcionarios aforados, como los congresistas.
Las cortes, entonces tienen otra lectura. Según Arrubla, que la reforma despoje a la Corte de una de sus actuales funciones, más aún cuando adelanta el proceso de la parapolítica, “es inconveniente”.
“Yo diría, lo primero que hay que observar es el momento en el que estamos. ¿Vamos a cambiar al juez a mitad de un proceso, que está a mitad de camino, y que es uno de los procesos más importantes que ha tenido la historia de la República? ¿Y vamos a cambiar el juez porque ha sido eficaz? Entiendo las razones del Congreso de establecer la doble instancia, pero el momento es totalmente inoportuno”, dice Arrubla.
Incluso, el magistrado advierte que ese proyecto que cursa en el Congreso se está convirtiendo en estrategia para quienes actualmente tienen investigación en la Corte.
“... con la mera tentativa de reforma ya se le puso el tronco en la rueda. Vayan a ver los expedientes para que vean cuál es la estrategia de los aforados en este momento. Dilatar, dilatar, dilatar. Bregando a que los coja la reforma a la justicia y esto se vaya de la corte Suprema de Justicia para contar con mejor suerte en otros estrados judiciales. Es una realidad. Están jugando a la dilación. La reforma ya dio una primera vuelta, dará la segunda en un par de meses, y para afuera de la competencia de la Corte Suprema de Justicia”, sostiene Arrubla.
Fórmulas para despejar temores
El gobierno responde. Felipe Robledo, viceministro de Justicia, dice que hay, en el capítulo de la doble instancia para aforados, un parágrafo transitorio que establece que las modificaciones regirán sólo para delitos cometidos con posterioridad a la promulgación de la reforma. El funcionario asegura que, con esa cláusula, no se verán afectados los procesos que actualmente adelanta el alto tribunal.
Alfonso Prada, representante a la Cámara (Partido Verde), y ponente del proyecto, propone otra solución. Que ese parágrafo transitorio tenga una fecha “muy posterior”,. Desde 2014 o hasta 2018. La razón, dice, para que el Congreso, que carga con el lastre de una de las instituciones de mayor desprestigio en la opinión pública general, no vaya a enviar el mensaje de que está legislando en causa propia y para afectar un “trascendental” proceso judicial.
Otra cosa piensa un congresista de la oposición. Germán Navas Talero (Polo) y quien ha peleado por la doble instancia, pero que rechaza la actual decisión del Congreso de establecer la primera instancia por fuera de la Corte Suprema de Justicia, a la que califica “el juez natural” del parlamento.
“Yo fui el que dije que era una revancha del Congreso. La única razón por la cual trataron de quitarse a la Corte de encima, es porque la Corte aplicó la ley. Por eso me mantengo. Esta reforma, en el capítulo del juzgamiento de aforados, es una revancha del Congreso contra la Corte”, afirma Navas.
¿Estrategia de parapolíticos?
El magistrado Jaime Arrubla, admite que este tema es trascendental, y por eso, confiesa, “... fue lo que motivó el gran choque por parte de la Corte Suprema” en la reforma a la justicia. Porque admite que “veníamos trabajando muy bien con el Senado”, que mantenía las dos instancias para aforados, pero al interior de la Corte. Pero en la Cámara de Representantes fue donde se decidió que la primera instancia debería ser en un tribunal de inferior jerarquía.
Arrubla es más suspicaz. Y dice que esta decisión se suma a otras dos estrategias, o.intentos, de “tumbar la parapolítica”.
La primera, recuerda, la intención de un “veterano parlamentario”, de presentar un proyecto para crear, por encima de la Corte, un ‘súper tribunal’ (proyecto de Miguel Núñez Lapeira, del Partido Conservador, en el 2008) que juzgara a los aforados.
La segunda, dice Arrubla, fue la estrategia de muchos congresistas de renunciar a su fuero para que el proceso saliera de la Corte, pasara a la Fiscalía y se juzgara en otro tribunal. “Eso estuvo a punto de desgranar, de diezmar este proceso de la parapolítica”, hasta que se produjo una sentencia que impedía que los parlamentarios renunciaran a su fuero, como hace poco más de tres años lo estaban haciendo.
Dos estrategias a las que hizo referencia el magistrado para afirmar, en tono de ironía, que “como la investigación que ha hecho la Corte Suprema ha sido eficiente, entonces no sirve. En este país, lo que está funcionando hay que desbaratarlo, busquemos algo que sea ineficiente. Es decir, aquí lo que necesitamos es un sistema que garantice impunidad”.
Así pues, Arrubla, en esos foros que buscan concertación, puso nuevas cartas sobre la mesa y confesó los temores de la Corte Suprema en el actual proyecto del gobierno. Eso podría ser un inamovible para encontrar el consenso.
Por ahora, queda claro que hay un nuevo tema de discusión en la agenda que tendrá el presidente Juan Manuel Santos con los partidos políticos de la Unidad Nacional en los próximos días, donde se hará un nuevo diagnóstico de cómo va la reforma a la justicia.
REVISTA SEMANA
LO QUE EL CORONEL PLAZAS VEGA DESCUBRIÓ
Por Daniel Coronell
Si esto no arrastrara una larga historia de tragedia, el montaje de baratija sería para morirse de la risa. El pretendido suplantado cometió en el nombre el mismo error del suplantador.
En el año 2007 cuando un ex cabo de la inteligencia militar apareció para dar un testimonio contra el coronel Alfonso Plazas Vega, fue el mismo coronel quien encontró inconsistencias en esa declaración. Uno de sus hallazgos de entonces, va a echar por tierra la teoría de la suplantación del testigo con el que han querido medrar algunos supuestos amigos de Plazas.
El sujeto es un ex suboficial llamado Edgar Villamizar Espinel. Hace cinco años fue sembrado en el proceso -en mi opinión- para descargar en el coronel Plazas Vega todas las responsabilidades por torturas y desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia, y de esta manera tapar a los hombres de inteligencia. (Dicho sea de paso, esto en nada disculpa la acción criminal del M-19 auspiciada por el narcotráfico).
Cumplida esa tarea, trajeron nuevamente a escena a Villamizar para intentar demoler el proceso e incluso crear una causa contra la fiscal que se atrevió a investigar los hechos, diciendo que ella -con el necesario apoyo de funcionarios de la Procuraduría y la misma Fiscalía- suplantó a ese testigo.
Hay claras pruebas de que no fue así y en los últimos días surgió una nueva y quizás más contundente.
Ese miércoles primero de agosto de 2007, cuando el cabo retirado Villamizar llegó a la Escuela de Caballería, aseguró que en noviembre de 1986 era integrante de un grupo especial llamado Ciaes. Allí ante dos fiscales, un delegado de la procuraduría y dos investigadores del CTI, afirmó: “El comandante era el mayor Jairo Alzate Avendaño, ya fallecido”.
El coronel Plazas Vega leyó y releyó la declaración en su contra. La separó minuciosamente en partes para buscar imprecisiones, mentiras, errores y contradicciones. En medio de esa incansable tarea para atacar el testimonio, envió un derecho de petición al Comando del Ejército para que le aclarara quien era el “mayor Jairo Alzate Avendaño”.
Rápidamente le respondieron diciendo que en sus filas nunca ha existido un mayor con ese nombre.
En julio del año pasado, el abogado del coronel Plazas, Jaime Granados, ratificó en una entrevista con El Espectador sobre el polémico testigo: “Menciona que quien estaba a cargo era el mayor Jairo Alzate Avendaño. Sin embargo, el Ministerio de Defensa aseguró que nunca ha habido un oficial con ese nombre”.
Lo que pasó por alto el diligente apoderado fue mencionar que en la misma época, en el mismo lugar, y con funciones similares; hubo un mayor del Ejército llamado Jairo Alzate García.
En pocas palabras, el cabo Villamizar se había equivocado en un apellido pero probablemente había descrito una persona que si existió.
Así iban las cosas, hasta la semana pasada cuando Edgar Villamizar Espinel apareció nuevamente para declarar ante el juez 55 penal de Bogotá. Allí afirmó que él nunca había dado ese testimonio en contra del coronel Plazas Vega y que realmente lo habían suplantado.
En medio de la diligencia, Villamizar contó quien era el oficial que dirigía la unidad a la que pertenecía en 1985: “De ahí me trasladan a la Séptima Brigada, al Dos, que mi comandante era entonces Jairo Alzate Avendaño”.
Si quiere oírlo está en el siguiente hipervínculo; y si quiere leerlo otra vez por favor regrese un párrafo.
Si esto no arrastrara una larga historia de tragedia, el montaje de baratija sería para morirse de risa. El pretendido suplantado cometió en el nombre el mismo error del suplantador.
Villamizar tropezó dos veces con el mismo lapsus llamando “Jairo Alzate Avendaño” a quien fue su superior el mayor Jairo Alzate García.
O estamos ante una coincidencia cósmica o ante una evidencia incontrovertible. Como sea, el cuento de la suplantación llegó hasta hoy.
PD: Viviane Morales hizo más por la justicia en unos meses que lo que hicieron varios de sus antecesores en años. Eso la volvió incómoda para algunos personajes poderosos. Si alguien honesto la sucede deberá aplicar la ley con el mismo rigor que ella lo ha hecho.
CARACOL RADIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO NIEGA HABER MODIFICADO EL REGLAMENTO PARA ELEGIR MAGISTRADOS
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, manifestó de forma tajante que jamás ha modificado su reglamento para nombrar magistrados y favorecer un fallo como en este caso de la nulidad de la elección de la fiscal general de la Nación, Viviane Morales.
“Yo podría afirmar de forma tajante y contundente que lo que a mi corresponde en el conocimiento que tengo jamás ha hecho una cosa de esas. Nosotros tenemos clara conciencia de que el quebranto a una norma reglamentaria que rige la corporación supone una acción por fuera del derecho hemos estado en situaciones limite de tener que elegir magistrados y mantenernos durante seis meses a veces con 17 votos cuando se necesitaban 18 y naturalmente el desgaste institucional y personal que eso supone pues lleva la tentación de buscar una salida alternativa que jamás se tomo”, dijo.
Explicó que una determinación de este tipo acarrearía la nulidad del acto.
Dijo que en el Consejo de Estado en su reglamento hay dos Quórum que dependen de la composición de la corporación para asuntos electorales, es decir para elecciones de magistrados la ley estatutaria prevé que debe ser las dos terceras partes de los integrantes de la corporación, así que se deben tener 21 votos sobre 31 magistrados.
Otro es el quórum para determinaciones judiciales deben tenerse en cuenta la mayoría de los integrantes de la corporación, son 27 magistrados y el mínimo son 14.
Una fuente del Consejo de Estado explicó que hace dos años sí se presentó una modificación debido a que un decreto aumentó el número de magistrados que pasaron de 18 a 21 y sobre esa base se votó sin violar la mayoría necesaria.
Sobre posibles influencias en el proceso de votación, dijo que puede asegurar que cuando se inició la discusión se conocía sólo la ponencia que presentó el magistrado pero no se sabía cuál sería la determinación final de la corporación y en el desarrollo de un debate dialéctico se va conformando la opinión colectiva.
“Hay casos en los cuales los magistrados están pensando en un sentido y seducidos por la contundencia o por la lucidez de otro argumento, terminan cambiando de posición y en la votación se presentan resultados que no se preveían; eso fue lo que paso en la sesión del martes en el debate de la fiscal general”, dijo el magistrado.